La Ley de Participación Ciudadana debe ser una ley orgánica que contemple los principios generales que se debe aplicar en todas las formas de participación para que luego las leyes específicas y los órganos del Estado las apliquen y las lleven a la concreción. Al respecto, señala el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), en una de sus Observaciones Generales con respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que: “... el Pacto impone a los Estados la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que puedan ser necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de gozar de los derechos que ampara.”
sábado, 10 de febrero de 2007
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